La observación presidencial, sin distorsiones ni manipulaciones

1) La despenalización que se propone en RD es sumamente restrictiva:

·      En RD no se despenalizaría el aborto por razones generales de salud de la mujer, sino sólo en aquellos casos donde la amenaza de muerte de la mujer es inminente; tampoco se despenalizaría el aborto de fetos con malformaciones excepto en aquellos casos donde estas malformaciones son tan severas que impiden la sobrevivencia del producto fuera del útero (es decir, son incompatibles con la vida).

·      La despenalización por las tres causales propuestas apenas igualaría la legislación dominicana a la de los demás países del mundo que actualmente penalizan el aborto, sacándonos del diminuto grupo de países extremistas que lo siguen penalizando sin excepción (Malta, Chile, El Vaticano, Nicaragua, El Salvador, Filipinas). Obsérvese que se trata en todos los casos de países de tradición católica; hasta las teocracias islámicas, como Irán o Arabia Saudita, permiten el aborto por causales.

·      El Art. 317 del Código Penal sobre el aborto que se está modificando es una copia casi textual del código francés de 1832, que fue adoptado en 1884 cuando se promulgó el primer código dominicano. A lo largo del siglo XX la abrumadora mayoría de países del mundo o despenalizó el aborto a solicitud de la mujer durante el primer trimestre o lo despenalizó por causales (típicamente preservar la vida y/o la salud de la embarazada, embarazo producto de violación, malformación fetal severa). Dentro del contexto internacional, la prohibición absoluta es una aberración, no sólo en términos estadísticos, sino también porque viola normas básicas de derechos humanos ampliamente reconocidas que salvaguardan la vida/bienestar de la mujer embarazada.

–Los abortos por las tres causales representan una proporción muy pequeña del total de abortos que se practican. En países donde el aborto es legal, como EEUU y España, y por ende se dispone de estadísticas confiables al respecto, menos del 10% de las interrupciones corresponde a razones de salud de la mujer, malformación fetal o violación sexual, aún cuando estas causas se definen en términos muchos más amplios que lo propuesto en RD, como se puede ver en el siguiente cuadro:

2) No es cierto que la despenalización por causales va a desatar una avalancha de abortos en el país: La derecha religiosa argumenta que la despenalización por causales es una cortina humo para “colar” todo tipo de abortos, lo que resultaría en una incremento dramático del número de interrupciones que se practican en el país. La realidad es que:

·      La avalancha de abortos hace tiempo que existe en el país, con su cifra concomitante de muertes maternas debido a las condiciones de riesgo en  que se realiza el procedimiento debido a la ilegalidad[1]. Esta situación, sin embargo, no parece preocupar a la derecha religiosa, que nunca se ha interesado en la problemática de la mortalidad materna en el país, una de las más altas del continente[2].

Aunque no disponemos de estimados de incidencia actualizados, sabemos que desde hace décadas en el país se practica un número considerable de abortos inducidos, como se puede deducir de los casos que llegan a las emergencias de los hospitales públicos. En el 2012 los establecimientos públicos atendieron 21,059 complicaciones de aborto, un tercio más que las 14,650 atendidas veinte años atrás, en 1992, año en que se realizó el último estudio de incidencia, el cual arrojó un estimado de 82,500 abortos inducidos anuales[3]. Obsérvese que la cifra se refiere sólo a las complicaciones que llegan a las emergencias públicas y no al total de abortos practicados en el país, cuyo número se desconoce debido a la ilegalidad. Sin embargo, un informe reciente del Ministerio de Salud estima que el 19% de los embarazos atendidos en establecimientos públicos entre enero-agosto del 2014 terminó en aborto[4].

·      Las cifras de morbilidad por aborto antes citadas sugieren que el número de abortos inducidos se ha incrementado en las últimas dos décadas, lo que sería consecuencia del elevado número de embarazos no deseados que siguen ocurriendo en el país: según la ENDESA 2013, casi la mitad (48%) de los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años fueron fruto de embarazos indeseados. A esto habría que agregar los embarazos indeseados que terminan en abortos inducidos, cuya cifra desconocemos debido a la ausencia de estadísticas actualizadas sobre el tema. Las cifras de ENDESA 2013 muestran que el 11% de las mujeres casadas o unidas tiene necesidad insatisfecha de planificación familiar, porcentaje que se incrementa significativamente entre las más jóvenes, alcanzando el 27% entre las adolescentes de 15-19 años y el 21% entre las mujeres de 20-24 años.

·      El más elemental sentido común (confirmado por todos los estudios sobre el tema) indica que la manera de reducir el número de abortos es reduciendo el número de embarazos indeseados. ¿Por qué entonces las iglesias se oponen a la educación sexual laica y científica en las escuelas? ¿Por qué la Iglesia católica sigue se sigue oponiendo al uso de anticonceptivos? ¿Por qué insisten en prohibir las campañas educativas de prevención del embarazo adolescente, como hicieron el año pasado con el caso de Profamilia?

·      Visto que el país ya tiene una tasa elevada de abortos inducidos y visto que la abrumadora mayoría de los abortos inducidos no corresponden a las tres causales de carácter muy limitado planteadas en el veto presidencial, está claro que la despenalización parcial no va a impactar la cifra general de abortos practicados en el país. En todo caso, los estudios son muy claros a este respecto: los países con las tasas más altas de aborto son justamente aquellos que más lo penalizan (América Latina), mientras que los países con las legislaciones más liberales (Europa Occidental) presentan las tasas más bajas del mundo[5]. En caso de que se llegara a despenalizar el aborto en sentido amplio -cosa que no se está actualmente en debate en RD- lo que sí podemos esperar son reducciones significativas en la morbi-mortalidad materna asociada a la ilegalidad, que actualmente representa la cuarta causa de mortalidad materna en el país (o más, si se toma en cuenta el subregistro  atribuible a la ilegalidad del procedimiento).

3)  La gran mayoría de la población dominicana apoya la despenalización del aborto terapéutico

·      La Encuesta Gallup-Hoy de julio del 2009, realizada en medio del intenso debate nacional en torno al Art. 30, mostró que un 79% de la ciudadanía favorecía la despenalización del aborto terapéutico; tres años después de concluido el debate, la Encuesta Barómetro de las Américas 2012 registró un 61.2% de la población a favor de la despenalización por razones terapéuticas.[6]

Es interesante notar que los datos de Barómetro de las Américas muestran que el nivel educativo tiene un mayor impacto que la religiosidad en las actitudes hacia el aborto. Es así como, en relación a lo primero, las personas sin ningún nivel educativo presentan los porcentajes más bajos de acuerdo con las interrupción por razones terapéuticas (49.3%), proporción que aumenta en proporción al nivel educativo hasta alcanzar el 72.6% entre las personas con educación superior. En relación a lo segundo, el 57.4% de las  personas que dijo que la religión era muy importante para ellos se declaró de acuerdo con el aborto terapéutico, proporción que sube más de diez puntos en los grupos de mediana, poca y ninguna religiosidad, donde los porcentajes fueron bastante similares, oscilando entre un 70 y un 74% a favor.

4) El principal argumento religioso en contra del aborto terapéutico es tan impopular y hasta ofensivo, que los conservadores lo diluyen con frasecitas bonitas sobre el derecho a la vida para no tener que explicarlo de manera clara.

·      El argumento religioso plantea que ante una situación de peligro para la vida de la embarazada, no es moralmente lícito elegir entre vida de la mujer y la del feto, PORQUE AMBOS SON PERSONAS HUMANAS, SON IGUALMENTE IMPORTANTES Y TIENEN IGUALES DERECHOS. Por el contrario, el médico debe hacer lo posible por salvarlos a ambos, sin priorizar una de las dos vidas. A esto se agrega el corolario, siempre muy impreciso, de que si en el proceso de intentar salvarlos a ambos uno de los dos muere (es decir, la madre), el médico no tiene culpa de esa muerte.

Pocas personas que apoyan el discurso de “la defensa de la vida” entienden que el argumento se refiere fundamentalmente a la vida intrauterina, que el valor de la vida de la mujer se equipara al valor del cigoto, embrión o feto, y que la postura religiosa asume explícitamente que es mejor dejar que mueran ambos (lo que se asume sería  la voluntad de Dios) antes de cometer un crimen (es decir, interrumpir el embarazo para salvar la vida de la mujer). Este fue exactamente el proceder de los médicos católicos que “trataron” a Esperancita, por ejemplo. Cuando el argumento se formula de manera explícita, el mismo suscita un rechazo generalizado, aún entre los más fieles creyentes.

A la deshonestidad de no asumir de manera frontal esta postura dogmática se suman otras manipulaciones y mentiras, como la de negar la necesidad de la exención terapéutica afirmando falsamente que ya la ciencia médica ofrece solución a prácticamente todos los problemas que se puedan presentar. Como dijo en estos días el obispo Masalles:

“(En una situación de peligro a la vida de la mujer) yo trataría de que se sometiera a todo lo que la ciencia médica tiene para ella. Y la ciencia médica tiene para ella la capacidad de afrontar cualquier situación cuya dificultad de riesgo en el embarazo se presente”, dijo monseñor Masalles… cuando se le preguntó su opinión personal en torno a la observación del presidente Medina que alude a la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre peligra”.[7]

-Decir que la mujer y el feto tienen igual derecho a la vida es una posición DOGMATICA Y EXTREMISTA que no tiene respaldo científico, jurídico o político. De hecho, para muchas personas este argumento resulta además moralmente repugnante por el desprecio que muestra frente al valor de la vida de la mujer.

-Por su carácter extremo y su naturaleza religiosa, esta posición NO SE DEBE IMPONER de forma obligatoria ni siquiera a la propia feligresía, mucho menos a la ciudadanía en general, apelando al poder coercitivo del Estado para legislar los comportamientos ciudadanos de acuerdo a dogmas religiosos particulares que en pleno siglo XXI lucen arcaicos y extremistas.

-A diferencia de las teocracias, en sociedades democráticas las iglesias tienen el derecho de definir qué es pecado pero no qué es crimen. Lo contrario es una violación de la libertad de conciencia y cultos

-La prohibición absoluta del aborto viola derechos constitucionales fundamentales de las mujeres, entre ellos: derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la privacidad, a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos, etc.

·      El segundo argumento utilizado por los sectores conservadores contra el veto presidencial es que el Artículo 37 de la Constitución impide cualquier exención a la prohibición absoluta del aborto.

-Esta fue, por supuesto, la intención de la Iglesia al imponer el artículo 37 durante el proceso constitucional: es decir, “blindar” la Constitución para evitar por esa vía la eventual despenalización por causales que se veía venir en el Código Penal.

-Obsérvese, sin embargo, que el argumento constitucional solo es esgrimido por clérigos. NI UN SOLO EXPERTO CONSTITUCIONALISTA, dominicano o extranjero, respalda este argumento, sino todo lo contrario. Ver, por ejemplo, los artículos publicados en los últimos días por Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, Nassef Perdomo y otros juristas expertos.

5)  ¿Por qué las iglesias están tan obsesionadas con el tema del aborto, habiendo tantas otras formas de defender la vida sin tener que violentar los derechos fundamentales de las mujeres?

-¿Por qué las iglesias no muestran igual fervor en la lucha contra la mortalidad materna e infantil, contra los feminicidios, contra los abusos sexuales de menores, contra los asesinatos extrajudiciales cometidos por la Policía, etc.? En particular llama la atención la desproporción entre la defensa del no nacido, por un lado, y la indiferencia criminal con que la jerarquía católica ha ignorado y/o ocultado los crímenes de pederastia sacerdotal, por el otro.

-Observar que los que lideran la campaña contra el veto son casi exclusivamente HOMBRES, que nunca van a salir embarazados y que, en el caso del clero católico, no tienen experiencia alguna en asuntos familiares, reproductivos y de pareja.