SCHNEIDERMAN ENCABEZA COALICIÓN DE 22 ESTADOS PARA PROTEGER A LOS MILITARES DE PRÉSTAMOS ABUSIVOS

NUEVA YORK – El Fiscal General Schneiderman y la Fiscal General de Illinois Lisa Madigan emitieron hoy una carta al Departamento de Defensa (DoD), firmada conjuntamente por otros 20 fiscales generales estatales, instando al Departamento a fortalecer las revisiones propuestas a los reglamentos de aplicación de la Ley Federal de Préstamos Militar (MLA). La MLA fue creada para proteger los miembros del servicio militar de prácticas de préstamos abusivos limitando las tasas de interés y comisiones sobre préstamos a los miembros del servicio, y proporcionar otras protecciones importantes.
Sin embargo, desde que las normas establecidas en la Ley se adoptaron en 2007, algunos prestamistas sin escrúpulos han cambiado sus tácticas para evitar el cumplimiento de la ley. En respuesta, el 29 de septiembre de 2014, el Departamento de Defensa publicó nuevas regulaciones propuestas encaminadas a proporcionar protecciones más amplias para los miembros del servicio. En su carta al Departamento de Defensa, los Fiscales Generales Schneiderman, Madigan y sus colegas elogiaron al Departamento por el cierre de algunas lagunas de las normas actuales, además de destacar las deficiencias en el reglamento revisado que podrían aun dejar a los miembros del servicio expuestos a prácticas comunes de préstamos abusivos.
«Aprovecharse de los que sirven en nuestras fuerzas armadas es despreciable. Desafortunadamente, los miembros del servicio se convierten en blanco de prestamistas depredadores porque tienen sueldos fijos, muchos son jóvenes, y puede ser difícil para ellos enfrentar a los prestamistas abusivos desde el extranjero «, dijo el Fiscal General Schneiderman. «Mi colegas fiscales generales y yo instamos al Departamento de Defensa a proporcionar las más fuertes protecciones posibles contra el abuso financiero a los valientes hombres y mujeres que protegen nuestra nación«.
Los fiscales generales citan dos debilidades en los reglamentos MLA propuestos: 1) una exención demasiado amplia para los honorarios que pueden ser cobrados en exceso de las tarifas del 36% límite de la tasa de interés del MLA; y 2) una falta de regulación de los préstamos garantizados fraudulentos que están estructurados para evadir protecciones de MLA.
Con respecto a las tasas, la MLA impone una tope de 36% en la tasa de porcentaje anual (APR) para los préstamos a los miembros del servicio. Bajo las regulaciones actuales, el MAPR incluye todos los honorarios que se requieren para ser pagados como condición del crédito. Las nuevas regulaciones dejan exentas del cálculo MAPR cualquier «cuota de buena fe» si son «razonables y habituales». Los fiscales generales destacaron que el tope de 36% ya supera con creces los promedios nacionales de APR en los dos tipos tarjetas de crédito, de tasa fija y variable, y que la nueva exención de tasas abre una puerta ancha a través de la cual pueden pasar tasas abusivas de los prestamistas creativas».
Los fiscales generales también plantearon su preocupación por el hecho de que las nuevas normas no refuerzan la exención para los préstamos garantizados. Estos préstamos están exentos de protecciones fundamentales MLA, pero esta exención ha sido ampliamente abusada. Los fiscales generales han encontrado que los prestamistas abusivos pregonan los créditos de consumo que están nominalmente por una garantía real, pero que en la práctica son vehículos insinceros de «prácticas abusivas que el Congreso trató de prohibir«.
Por ejemplo, el MLA prohíbe específicamente los préstamos en efectivo respaldados por asignaciones del cheque de pago los prestatarios y el acceso a la cuenta de cheques del prestatario. Algunos prestamistas evaden esta prohibición mediante el otorgamiento de préstamos con un interés de seguridad en un objeto de consumo que vale mucho menos que la cantidad del préstamo. Los fiscales generales escriben que «el recurso de estos prestamistas para un préstamo de $ 3000 no es el asegurarlo con un televisor de $650 dólares, sino las adjudicaciones y cheques sacados de cuentas que se hacen de otra manera ilegal por el MLA.» La carta también señala que los miembros del servicio son particularmente vulnerables debido deudas pendientes de pago pueden afectar a su estatus de seguridad y, potencialmente, su carrera militar.
La amenaza de los préstamos predatorios encubiertos en los préstamos garantizados no es hipotética. Los fiscales generales citan el caso de Compra Inteligente / Rome Finanzas. En ese caso, los vendedores atraían miembros del servicio «para la compra de electrodomésticos y otros artículos con a tasas de un 300% a través procesos depredadores de financiación con intereses muy por encima del 36% anual límite MLA. Los préstamos fueron «respaldados casi exclusivamente por los pagos de asignación y comprobación de la cuenta de acceso prácticas que están prohibidas explícitamente por el MLA. Pero, debido a que los acuerdos de Roma Finance fueron nominalmente ‘asegurados’, no eran cubiertos por las normas MLA existentes ni serían por las enmiendas propuestas por el Departamento de Defensa.
El Fiscal General Schneiderman, en colaboración con la Oficina Federal de Protección Financiera al Consumidor y otros 12 estados, aseguró un acuerdo liquidando a Roma Finanzas y sus empresas afiliadas, y proporcionando más de $ 92 millones en alivio de la deuda a más de 23.300 miembros del servicio militar de Estados Unidos afectados en todo el mundo. En su carta de hoy, los fiscales generales exhortaron al Departamento de Defensa aclarar que la exención para los préstamos garantizados sólo se aplica «, donde hay un interés de seguridad válido y ejecutable (teniendo una relación razonable en términos de valor),» y no a la farsa transacciones que son estructuradas para evadir normas MLA, como las utilizados por Smart Buy / Roma Finanzas.
Mientras instan a mejoras en los reglamentos, los fiscales generales elogiaron el Departamento de Defensa por proponer normas que «hacen progresos en corregir las lagunas y lograr el objetivo de la Ley de Préstamos Militar.» Por ejemplo, las nuevas normas extienden las protecciones que actualmente cubren préstamos fijos a largo plazo para también incluir préstamos abiertos. La carta fue firmada por los fiscales generales de Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Iowa, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maine, Minnesota, Carolina del Norte, Nuevo México, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont, y Washington. Una copia de la carta se puede encontrar aquí: http://www.ag.ny.gov/pdfs/MLA_Collaborative_Letter_SIGNED.PDF
Este asunto fue manejado por Deanna R. Nelson, Fiscal Adjunta a Cargo de la Oficina Regional de Watertown, con la asistencia de la Jefa del Buro Contra Fraude al Consumidor Jane Azia. El Fiscal General Ejecutivo Adjunto para las Oficinas Regionales es Martin J. Mack. La Oficina de Fraude al Consumidor es parte de la División de Justicia Económica, que está dirigida por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Económica Karla Sánchez. La Fiscal Ejecutiva para de Litigación Afirmativa es Janet Sabel.