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A la JCE se la pusieron difícil

Por: Luis Garcia

luisrgarcia15@gmail.com

En principio, todo parecía tan claro como el agua durante la audiencia pública convocada por la Junta Central Electoral (JCE) para escuchar los pareceres de los delegados de las agrupaciones políticas, respecto a la solicitud hecha por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a fin de que ese órgano proceda a individualizar las boletas electorales en los niveles presidencial, senatorial, de diputados y municipal; pero en la medida en que iba pasando el tiempo, la cuestión se convertiría en un mar de confusiones, como en la babel bíblica.

Las contradicciones no se hicieron esperar en torno a si las elecciones de los diputados continuarían arrastrando o no los senadores, como ha sido hasta el momento.

El delegado del PRM, Orlando Jorge Mera, invocó el artículo 92 de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral para fundamentar su solicitud de que ese arrastre habría quedado eliminado; mientras que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, lo contradijo en su discursiva, señalando que la interpretación había que buscarla en la Ley 157-13 sobre Voto Preferencial.

El delegado peledeísta es de opinión de que no existe conflicto entre ambas legislaciones, porque la de Régimen Electoral se limita a enumerar los diferentes niveles de elección.

Luego llegaron las observaciones relacionadas con el voto directo, la jerarquía de las normas y si el órgano electoral está facultado para reglamentar el tema de discusión.

No tardó en darse cuenta Julio César Castaño Guzmán por dónde caminaba la discusión e intervino para exponer sus ideas: “Esto está tan claro que cada quien ha planteado un parecer diferente, por lo que aquí pasa algo; de lo dicho aquí, es como si los partidos se lavaran las manos como Pilatos, ya que una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo; entonces pudiéramos decir que el Congreso Nacional decida eso, pero no es así”.

Y agregó: “La insuficiencia legal no existe, los vacíos se pueden llenar… nosotros no debemos decir que por insuficiencia no podemos acatar una decisión, porque nos acusarían y la petición que nos hace el Partido Revolucionario Moderno es muy seria, que pone a esta Junta en la situación de tener que pronunciarse”.

Resulta evidente que a la JCE se la han puesto difícil con la solicitud del PRM, decisión que no puede tardar porque está atada a una serie de plazos legales y mandatos establecidos por las leyes del Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la de Régimen Electoral.

La Constitución de la República confiere la facultad a ese órgano electoral, en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas. De manera particular, en el párrafo IV, del artículo 212, establece: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

Ese gran compromiso por garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y la realización de todos los actos lícitos para solventar estos derechos, no solo corresponde a las autoridades electorales, sino de todos los sectores que inciden en la vida nacional.

Afortunadamente, los miembros de la JCE tienen la capacidad y gozan del prestigio para cumplir con esta alta responsabilidad.

Los partidos políticos son los más llamados a entender el momento en que vive la democracia dominicana, y por eso deben “vestir de espacio” al órgano que les arbitra el proceso electoral.
¡Qué Dios ilumine a las autoridades electorales!