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¿Condiciones para una crisis política y electoral?

Por: Luis Garcia

luisrgarcia15@gmail.com

 

Suelo ser optimista, pero la semana pasada no tuve razones para serlo, mirando en perspectiva el gran desafío que representa el montaje de unas elecciones municipales, congresuales y presidenciales en el año 2019, que se caractericen por la transparencia y la paz ciudadana más allá de las votaciones.

Nada promisorio resultó el panorama político luego del deprimente espectáculo que significó un Congreso Nacional prácticamente sitiado por fuerzas militares y policiales, teniendo de telón de fondo la lucha interna del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en una lucha fratricida por el control del poder político. Muchos piensan, con sobrados motivos, que esto podría degenerar en una crisis política de impredecibles consecuencias.

Tampoco el panorama electoral parece despejado de perturbaciones. El jueves hubo una audiencia pública convocada por la Junta Central Electoral (JCE) con los delegados de los partidos y movimientos políticos para conocer las impugnaciones a la estructuración de una parte de las juntas municipales electorales; en medio de alegatos de que muchas de ellas no garantizan equidad y están desequilibradas en términos políticos.

En mi condición de miembro suplente del órgano electoral, que de paso, a lo único que nos invitan es a las audiencias públicas, porque a los titulares no les queda de otra, fui testigo de excepción; y el ambiente que noté entre los actores era de desconfianza, a pesar de las poses señoriales y de pretensiones democráticas.

Respecto al sistema de partidos, el país cuenta con uno multipartidista de gran incidencia en vida democrática, pero que, a la vez, se caracteriza por la concentración del liderato político en pocas agrupaciones, limitando el desarrollo de los partidos minoritarios en sus esfuerzos por alcanzar posiciones de poder a través de los procesos electorales.

Esas agrupaciones han jugado un rol preponderante en el funcionamiento de las instituciones democráticas, y en términos de estabilidad se han manejado de manera adecuada.

Sin embargo, la cuestión es hasta cuándo podría prevalecer esa situación de “normalidad”, sobre todo ahora que se introdujeron las reformas electorales.

En el imaginario social dominicano aun repercute la crisis postelectoral del año 1994, la cual puso en peligro la paz social y cuestionó la propia soberanía nacional, debido a que requirió, para superarla, de la intervención de gobiernos y de organismos internacionales.

Afortunadamente se trata de tiempos que quedaron en el pasado.
Ahora, nuevamente, amenazas se ciernen en el panorama político y electoral.

Una efectiva democracia electoral entraña desafíos que demandan ser gestionados con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.

Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud también por los ciudadanos y ciudadanas, especialmente las élites políticas.

La Constitución de la República manda a la JCE a organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.

Indudablemente que se trata de un desafío extraordinario para con la patria, por lo que el populismo electoral no tendría espacio para la celebración de unas elecciones transparentes en febrero y mayo del próximo año.

Quisiera ser optimista para no dudar de que los partidos políticos y las autoridades electorales superen los desafíos y organizarán unas elecciones libres y democráticas en el año 2020. Todo esto sin olvidar el mal recuerdo del proceso electoral de 1994.