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La ruptura de la milenaria tradición de que los jueces sólo hablan por sentencias

Por David R. Lorenzo

La obsoleta tradición  milenaria de que los jueces sólo hablan por sentencias, afortunadamente ha sido rota en la República Dominicana, nada más y nada menos que por el Tribunal Constitucional, corte que en dos oportunidades en tres meses ha hecho por primera vez,  dos aclaraciones de sus sentencias, sobre temas de interés público.

La decisión del alto tribunal se aparta de los acostumbrados jueces medievales, encerrados en su despacho y entre las columnas adornadasdel edificio judicial, apartados de la comunidad  y ajenos a los decires de los ciudadanos.

En esta época, en que la República Dominicana tiene una moderna Constitución  que contempla una serie de derechos civiles y polٌٌíticos fundamentales,como el de la libertad de expresión, se necesitan cambios sustanciales.

El modernismo de hoy requiere que los magistrados expliquen a la prensa, como representantes de los ciudadanos, los casos en que sus decisiones generen interés público,  pasiones y que no sean bien entendidas, sin que se vea como algo extraño y que les pueda traer consecuencias.

Decimos estos, porque muchas decisiones provocan gran impacto en la sociedad, como por ejemplo, la de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que ratificó el auto de no ha lugar, dictado a favor del senador Félix Bautista y otras seis personas acusadas de corrupción y lavado de activos en contra del Estado.

También, la frágil condenada del Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Duarte a 5 años de prisión impuesta a la  señora Marlin Martínez por la muerte de la menor Emely Peguero, ocurrida en agosto del 2017.

Esas son decisiones que la gente no comprende, aunque sean correctas, lo que provoca que los periodistas y las personas comunes se conviertan en jueces y dicten sus propias sentencias, porque desconfían de la justicia.

Se necesita también,  que las sentencias sean menos técnicas, eliminando la redacciones barrocas y el uso de términos incomprensibles, principalmente aquellos  provenientes del latín y que los jueces no escriban para abogados, sino para el público en general.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional, aunque no utilizó la forma verbal, como sería más conveniente, donde la prensa pudiera preguntar sobre las dudas y complejidades de una sentencia, por lo menos empleó los comunicados y las notas de prensa,  que constituyen gran paso en este país de libertades que queremos vivir.

Tal fue el caso, cuando el 5 de noviembre del 2019 publicó un comunicado con relación al joven  Máximo Eladio Romero Marcial, quien fue apresado en el Estadio Quisqueya tras vociferar «corrupto» al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, lo que causó una gran controversia en la opinión pública.

El alto tribunal señalósin mencionar el caso, que había emitido la sentencia TC00/75/16 en la que distingue los aspectos de la vida privada de un funcionario público, cuya injerencia debe ser sancionada de la misma forma con que se sancionan los actos difamatorios e injuriosos que se realicen contra un particular, de los actos propios de las funciones públicas que le han sido conferidas.

Agregó que “esas funciones pueden ser objetos de monitoreo, crítica y control social por medio de la opinión pública, observándose siempre los límites de la Constitución y las leyes”.

Posteriormente, el 5 de febrero del 2020, en otro comunicado, el Tribunal Constitucional desmintió que haya ordenado mediante sentencia, la destrucción del Bulevar de los Artistas de la ciudad de Santiago y la demolición de sus pilotillos.

Los comunicados del alto tribunal de la República Dominicana son un buen indicio de que los medios de comunicación y la justicia  pueden interactuar y compartir sus roles en este llamado estado social y democrático de derecho,  cuando se traten de casos que generan interés público, decisiones incomprendidas  o pasiones desacerbadas.