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EEUU degrada a RD en informe sobre tráfico de personas y cuestiona cambios del procurador

 

El Departamento de Estado publicó hoy su más reciente reporte sobre el tema

SANTO DOMINGO, RD.-La República Dominicana fue degradada a la Lista de Observación de Nivel 2 en el informe anual sobre el tráfico de personas divulgado hoy por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Entre las razones citadas se indica que el Gobierno condenó a menos traficantes que años anteriores y emitió sentencias inadecuadas a algunos traficantes condenados.

El Departamento de Estado también destaca que en 2018, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, reemplazó a muchos de sus principales y más experimentados fiscales, incluido el fiscal de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas.

Sin embargo, Estados Unidos sostiene que el Gobierno no demostró esfuerzos globales crecientes en comparación con el período del informe anterior.

Indica que la oficina del procurador general aseguró condenas de cinco acusados ​​por tráfico, una disminución en comparación con las condenas de 22 acusados ​​en 2018, 16 acusados ​​en 2017, 13 en 2016 y 20 en 2015.

“El Gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones sobre casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez de un número de víctimas identificadas, dadas las denuncias de complicidad dentro de la fiscalía de trata. Las autoridades no tenían un presupuesto dedicado para la asistencia a las víctimas o un refugio para víctimas a tiempo completo, no examinaron ni remitieron de manera efectiva a todas las personas vulnerables para indicadores de trata, y las protecciones de inmigración para las víctimas de trata no estaban disponibles”, dice en el informe.

Estados Unidos observa que los recursos gubernamentales contra la trata se concentraron en Santo Domingo, “lo que provocó lagunas en otras áreas del país”.

“Los jueces, los fiscales y la policía carecían de capacitación especializada en la investigación, identificación, enjuiciamiento y condena de los acusados ​​de delitos de trata y los expertos informaron haber observado que algunos jueces favorecían los derechos de los acusados ​​sobre los derechos de las víctimas de trata”, agrega.

“Las mujeres y los niños dominicanos fueron víctimas de trata sexual en toda la República Dominicana, el Caribe, América del Sur y Central, Europa, Medio Oriente y los Estados Unidos. Las víctimas extranjeras de Haití y otras partes del Caribe, Asia y América Latina fueron víctimas de trata en la República Dominicana”, indica.

Sobre migrantes venezolanos

“La incapacidad de los venezolanos y algunos otros migrantes para solicitar el ajuste de estatus en el país obstaculizó su acceso a los servicios básicos y aumentó su vulnerabilidad a la explotación laboral y la trata”, dice el informe.

Agrega que el Gobierno permitió a las víctimas trabajar y ofrece asistencia legal, “aunque no hay ningún informe de tal asistencia gubernamental a las víctimas”.

“Según un observador, siete víctimas recibieron asistencia legal con sus casos durante el período del informe con la ayuda de una organización internacional”, apunta.

Los expertos -según el reporte- observaron un aumento en el número de víctimas de trata venezolanas en la República Dominicana desde el inicio de la crisis económica y política de Venezuela.

En el informe se destaca que funcionarios del Gobierno y una ONG informan un aumento en el tráfico de mujeres que reclutan colombianas y venezolanas para bailar en clubes de striptease y luego las obligan a la trata sexual.

“Los traficantes usan las redes sociales para atraer a menores y ofrecérselas a los clientes. Los traficantes atraen a las mujeres dominicanas a trabajar en clubes nocturnos en el Medio Oriente, África, el Caribe y América Latina y las someten al tráfico sexual”, detalla.

Entre las recomendaciones hechas por el Departamento de Estados figura aumentar las investigaciones penales y los enjuiciamientos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presuntamente cómplices en la trata.

Además, investigar, enjuiciar y condenar vigorosamente a los traficantes involucrados en trabajos forzados y tráfico sexual.

Asimismo, analizar proactivamente los indicadores de trata de personas entre venezolanos, haitianos y otros indocumentados o apátridas en riesgo de deportación para identificar a las víctimas, derivarlas a la atención y prevenir la nueva trata.