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Fiscal General James demanda que se detenga la eliminación ilegal de las defensas de los estudiantes universitarios por parte de la Administración Trump

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, como parte de una coalición de 19 fiscales generales de todo el país, presentó hoy una demanda para impedir que el Departamento de Educación de los Estados Unidos y la Secretaria de Educación, Betsy DeVos, deroguen la regla del “empleo remunerado”. La regla del empleo remunerado ofrece protecciones críticas para los estudiantes que consideran inscribirse en universidades y escuelas vocacionales con fines de lucro y ayuda a asegurar que estas universidades y escuelas vocacionales con fines de lucro “preparen a los estudiantes para el empleo remunerado en una ocupación reconocida” después de graduarse.

“La revocación injustificada e ilegal de la regla de empleo remunerado por parte de Betsy DeVos es otro ejemplo de los continuos esfuerzos de la Administración Trump por desmantelar las protecciones críticas que protegen a los estudiantes y a los contribuyentes para promover los intereses de las universidades con fines de lucro”, dijo la Fiscal General James. “Estamos defendiendo a los estudiantes y llamando a la derogación inapropiada del Departamento de Educación de una regla que juega un papel vital para asegurar que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su educación. Las acciones de la Administración Trump aquí son sólo otro ejemplo de poner los intereses especiales por delante de los intereses de los estudiantes”.

Las investigaciones de la Fiscal General James y otros fiscales generales estatales han revelado que, durante años, muchas universidades con fines de lucro se han dedicado a prácticas fraudulentas y abusivas -incluido el marketing engañoso- para convencer a los estudiantes de que se matriculen en programas académicos y de formación poco útiles. Esas prácticas han dejado a estudiantes por todo el país con cantidades de deuda y sin trabajo para pagar esa deuda. Por eso, en 2014, el Departamento de Educación buscó proteger a los estudiantes de las universidades con fines de lucro promulgando la regla del empleo remunerado, que responsabilizaba a las instituciones con fines de lucro por el éxito futuro de sus estudiantes. La regla requería específicamente que las escuelas advirtieran a los estudiantes si ciertos programas no podían cumplir con los estándares mínimos y si los programas que fallaban no eran elegibles para inscribir a los estudiantes con ayuda financiera federal.

En una nueva regla que entrará en vigor la próxima semana, el Departamento de Educación revocará la regla del empleo remunerado y todas las protecciones dentro de ella, eliminando específicamente las salvaguardias críticas que protegen a los estudiantes y a los contribuyentes de invertir en programas de baja calidad.

La demanda de hoy busca detener la entrada en vigor de la nueva regla del Secretario de Educación DeVos y del Departamento de Educación, argumentando que – sin proporcionar un estándar alternativo a la regla de Empleo Ganado – la nueva regla es arbitraria, caprichosa y contraria a la ley actual.

Anteriormente, la Oficina de la Fiscal General (OAG) presentó una demanda contra el Departamento de Educación para impugnar su retraso ilegal de la regla del empleo remunerado. Por separado, la OAG ha estado activa en la protección de los estudiantes de las escuelas predatorias con fines de lucro durante años y ha recuperado millones de dólares en restitución para los estudiantes matriculados en las universidades con fines de lucro, incluidos los estudiantes de la Corporación de Educación de Carrera, la Universidad DeVry, y la Corporación de Gestión de la Educación, así como ciertos estudiantes que asistieron al Colegio Corintio. La OAG también impugnó con éxito el retraso del Departamento de Educación en la aplicación de la norma de Defensa del Prestatario al Reembolso, que proporcionó alivio a los prestatarios de préstamos estudiantiles defraudados por universidades con fines de lucro depredadoras. Además, la Fiscal General James pudo obtener un acuerdo para proporcionar más de 2,5 millones de dólares en alivio de la deuda a casi 300 estudiantes anteriores de ITT Tech en Nueva York después de que una investigación descubrió que ITT Tech y Student CU Connect CUSO se aprovecharon de los estudiantes engañándolos para que pidieran préstamos estudiantiles.

Uniéndose a Fiscal General James en la presentación de la demanda de hoy están los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin, y el Distrito de Columbia.