Fiscal General James alcanza una gran victoria para los soñadores
El tribunal ordena a la Administración Trump que restaure el programa DACA
NEW YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, obtuvo hoy otra gran victoria para cientos de miles de soñadores de todo el país que son elegibles para la Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA) y que estaban en riesgo de ser deportados por la Administración Trump. Una corte federal emitió hoy una orden de reparación que concede la petición de la Fiscal General James de un juicio sumario parcial, ordenando al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que reabra el programa DACA a los solicitantes por primera vez, restaure las protecciones a un período de dos años en lugar de un año, y ponga la Libertad Condicional Avanzada a disposición de los beneficiarios de la DACA de nuevo sin restricciones.
Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en junio que los intentos de la Administración Trump de cancelar la DACA eran ilegales, se suponía que el programa se reanudaría. En su lugar, el DHS anunció que no se concederían nuevas solicitudes de DACA y que el supuesto secretario interino de seguridad nacional, Chad Wolf, había hecho otros cambios provisionales a DACA a través de un memorando emitido el 28 de julio, mientras Wolf consideraba la posibilidad de rescindir completamente DACA. En agosto, la Fiscal General James codirigió una coalición de 17 fiscales generales en dos presentaciones contra el Presidente Donald Trump, el DHS, el supuesto Secretario interino del DHS Wolf, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, pidiendo al tribunal que anulara el memorando Wolf por considerarlo ilegal. En noviembre, un tribunal federal de distrito emitió una orden que concedía la petición de la Fiscal General James de un juicio sumario parcial, dictaminando que Chad Wolf no estaba sirviendo legalmente como secretario interino de seguridad nacional en ese momento.
«La justicia prevaleció hoy, no sólo para los soñadores, sino para todos los estadounidenses», dijo la Fiscal General James. «Cada vez que la administración saliente ha intentado usar a los jóvenes inmigrantes como chivos expiatorios políticos, han profanado los valores de nuestra nación. La orden del tribunal deja claro que la justicia, la inclusión y la compasión importan. América es donde estos jóvenes han ido a la escuela, donde han trabajado, donde han pagado impuestos, donde han criado familias, y donde han continuado siendo miembros vitales de nuestras comunidades. Nos sentimos orgullosos de luchar por ellos y agradecidos de hacerles la justicia que se merecen».
Los soñadores son jóvenes nacidos en el extranjero que vinieron a los Estados Unidos a una edad temprana y ahora se identifican como estadounidenses. La mayoría no tiene recuerdos o conexión con el país donde nacieron, y muchos no hablan otro idioma que no sea el inglés. Bajo la ley de inmigración antes del programa DACA, la mayoría de estos jóvenes no tenían protección contra la deportación, aunque habían vivido la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos. Desde 2012, a más de 825.000 jóvenes que fueron traídos a este país a una edad temprana se les prometió que si salían de las sombras, podrían trabajar, estudiar, servir en el ejército y criar a sus familias en los Estados Unidos legalmente sin temor a ser arrestados o deportados.
Después de que el Presidente Trump ordenó a su administración que cambiara la política en 2017 y rompiera las promesas hechas a estos Soñadores, en septiembre de 2017 comenzó una prolongada batalla legal que se abrió paso a través de múltiples tribunales antes de aterrizar, en un caso combinado, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En junio pasado, la Corte Suprema dictaminó que el intento de la Administración Trump de cancelar el programa DACA fue arbitrario y caprichoso, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.
A pesar de que la Corte Suprema restableció la DACA, el memorando de Wolf de fines de julio ordenó al DHS que rechazara todas las nuevas solicitudes iniciales de la DACA, que cambiara el período de renovación de los actuales beneficiarios de dos años a un año y que rechazara todas las solicitudes de libertad condicional anticipada salvo circunstancias excepcionales. El memorando de Wolf también pretendía aplicar estos cambios retroactivamente a todas las solicitudes presentadas después del 18 de junio, fecha de la decisión de la Corte Suprema.
En noviembre, la corte encontró que el memorándum de Wolf era inválido, explicando que Wolf nunca ha servido legalmente en el papel de secretario interino de seguridad nacional porque su asunción de ese papel violó la orden de sucesión del DHS.
Hoy, la corte concedió la petición de la coalición para remediarlo, anulando el memo Wolf y restableciendo los términos que rigen el programa de la DACA a los que estaban en vigor antes del intento de rescisión en septiembre de 2017. Además, la corte ordenó que el DHS aceptara las solicitudes de acción diferida bajo la DACA por primera vez en tres días, así como que extendiera a dos años la acción diferida de un año y las autorizaciones de empleo.
La Fiscal General James expresó su agradecimiento al Centro Nacional de Leyes de Inmigración, a Make the Road New York y a la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Yale por su colaboración en este esfuerzo.
Junto con la Fiscal General James en la codirección de la coalición de fiscales generales se encontraban la Fiscal General de Massachusetts Maura Healey y el Fiscal General de Washington Bob Ferguson. A los tres se les unieron los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.
Se ocuparon de este asunto la Procuradora General Adjunta Anisha S. Dasgupta, de la División de Apelaciones y Opiniones; el Abogado Jefe de Iniciativas Federales Matthew Colangelo, el Abogado Principal de Primera Instancia Joseph Wardenski y el Abogado de Proyectos Alex Finkelstein, de la División Ejecutiva; y la Procuradora General Adjunta Sania Khan, de la Oficina de Derechos Civiles. La Oficina de Derechos Civiles forma parte de la División de Justicia Social. Tanto la División Ejecutiva como la División de Justicia Social están supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.