Mi ventana óptica ¿Rumbo al totalitarismo?
Por Alejandro Almánzar
Como la casualidad no existe, nada casual resultan los escándalos que desde el gobierno se suscitan. Recuerdo a un profesor, que nos explicaba, cómo la música alta en centros de diversiones provoca perdida de la conciencia de los parroquianos para que estos consuman más.
Debe ser el mismo propósito de quienes nos gobiernan, hacer ruidos, para aprovechar la distracción de la gente y obrar libremente acorde con sus propósitos. Por ejemplo, Luis Abinader, aprovechó las fiestas de diciembre, cuando la población estaba entretenida con celebraciones.
Sin que se enterara la nación de esto, promulgó la Ley 1-24, que regula la Dirección Nacional de Inteligencia DNI y el Sistema Nacional de Inteligencia SIN, sin tomarse en cuenta derechos fundamentales del ciudadano que quedan restringidos, llevándose de encuentro conquistas libertarias obtenidas con la muerte del dictador en 1961, mientras nos rememora el temible (SIM) de Trujillo.
Si el mandatario no devuelve dicha ley, esta pudiera ser la primera prueba de fuego que enfrentará el actual Tribunal Constitucional. Al estilo Luis XIV, de Francia, con su (L’État, c’est moi) (el Estado soy yo), el presidente Luis Abinader no puede considerarse el Estado mismo, donde el Estado de Derechos quede a merced del capricho y voluntad de una supra autoridad, ante quien sólo podremos obedecer e inclinar la cabeza.
Los artículos 9, 11 y 26 de dicha iniciativa congresual violan preceptos constitucionales, que aprobada por congresistas analfabetos y levanta mano, no tuvieron en cuenta al momento de convertirla en ley y enviarla al Ejecutivo, lo cual pudiera desencadenar en una desobediencia civil.
Es como si se pretendiera silenciar a la población, ante las canalladas de empresarios y políticos corruptos que se reparten los bienes del pueblo y no quieren ser denunciados. A menos, que el presidente Abinader, no esté copiando de USA, donde, por ejemplo, el FBI tiene competencia legal para enjuiciar a cualquiera, incluyendo congresistas, jueces y al propio presidente.
Y realmente, cualquiera desearía tener algo así, porque eso empodera al ciudadano. Aquí, si alguien ve que Alejandro viola una ley de tránsito, no tiene que tratarse de la autoridad para denunciarme por ese hecho y eso no es malo, por el contrario, ayuda a la policía y organismos de investigación a detener a criminales.
Pero ¿Cuál es la diferencia? En esta nación, las instituciones funcionan y el régimen de consecuencias aplica para todos, incluyendo el FBI, quien debe pensarlo bien para afectar derechos consagrados en (The Bill of Rights) o Cartas de Derechos.
Esas prerrogativas del ciudadano nadie la pone en juego sin enfrentarse a la justicia, incluso, de gente con statu migratorio irregular, ni tratándose del peor delincuente, contrario a nuestro país, donde ni los tribunales garantizan el debido proceso.
Una ley que otorga tanto poder a quienes ninguna autoridad pueda enjuiciar por crímenes y torturas jamás el pueblo debe aceptarla, sin que volvamos a tener en las calles del territorio nacional a miles de agentes secretos cometiendo tropelías contra la población.
Esta debe volver al Congreso, para que sea revisada y corregida por abogados constitucionalistas. Esto envía una alerta al votante, para que no deposite su voto por alguien que de los derechos ciudadanos no saben nada, el diputado o senador debe conocer la Constitución, para que decisiones como estas no nos expongan al totalitarismo político represivo.
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