¿A qué juega Abinader?

Por Fernando A. De León
Los dominicanos no pegamos una en cuanto las opciones a la Presidencia de la República. Al inicio de los cuatro años de gobierno, hay otro revuelo. Vamos por nueve u ocho, que tienen que ver con normas asumidas por el gobierno y legisladores.
Un año más del gobierno del presidente Luis Abinader, y hay otro escándalo político con la posible aplicación de la le 1-24 del DNI, ya promulgada por el poder ejecutivo en la que se obliga a entidades, personas, y periodistas, a revelar fuentes de informaciones en un rol que nos conmina a ser delatores, confidentes o calieses.
Que sepamos, el actual mandato ha roto el récord en cuanto a iniciativas como la precitada ley que perturba la aparente paz social, y viola la privacidad y derechos fundamentales. Aunque hay que admitir la connivencia de un congreso virtual, sin efectivo contrapeso de la oposición.
Decía el filósofo francés, Montesquieu, que los gobiernos federativos en territorios extensos, en algunas demarcaciones son vulnerables. Pero nosotros creemos que, los mandatos en una territorialidad pequeña como la República Dominicana, y, sobre todo presidencialista, consolidar la democracia es un tanto difícil.
Y nos preguntamos: ¿a que juega Luis Abinader? ¿Qué trae debajo de la manga conjuntamente con el funcionariado que lo apoya? ¿Le es tan difícil fortalecer o sincerar su honestidad, y decirnos que quiere hacer del pueblo dominicano?
Se entendería que Abinader, a modo de globo de ensayo, somete piezas legislativas, apostando a que organizaciones políticas, instituciones, y todo el pueblo, terminen aceptándolas.
Parecería que contrario a lo que la gente en principio creía, tiene soterradas intenciones que no son tan buenas ni idóneas, para garantizar una democracia más o menos aceptable. Además, parece que en las entrañas del Palacio de la Presidencia hay una consultoría jurídica incapaz, que desequilibra derechos fundamentales.
Ahora falta saber si aun sometiendo la ley 1-24 del DNI como pieza violatoria a la constitución en el Tribunal Constitucional, a la espera de que este organismo tome una determinación, se aplicará de inmediato, tan malhadada legislación.
El autor es periodista, miembro del CDP en Nueva York, donde reside.