Que no quede impune

 

Por Manuel Vólquez

Indignación ha generado el supuesto abuso sexual cometido contra una menor de 14 años, de nacionalidad haitiana, a manos de presuntos agentes de Migración, hecho acontecido en el Ensanche Bulevar, antiguo sector Kosovo, en Punta Cana, provincia La Altagracia, en medio de un operativo contra indocumentados.

El acta de denuncia puesta por la madre de la víctima en manos del Ministerio Público explica que el incidente ocurrió en la residencia de la menor, donde se encontraba sola porque los padres se habían ido a trabajar.

Se trata de un repudiable acontecimiento que se investiga a fondo y que ha causado el rechazo general en el terreno local e internacional. De ser cierta la acusación, estaríamos presenciando un abuso de poder y de autoridad que merece ser castigado con todo el peso de la ley.

Fue tan impactante la denuncia que incluso la Embajada de los Estados Unidos en el país había informado que le está dando seguimiento a esa eventualidad y saludó la rápida acción tomada por las autoridades nacionales respecto al tema.

“Saludamos la rápida acción tomada por las autoridades dominicanas para investigar las extremadamente preocupantes acusaciones de violación sexual en contra de una menor, de parte de miembros de la Dirección General de Migración. Apoyamos a cualquier víctima de abuso sexual y continuaremos monitoreando este caso mientras las autoridades dominicanas concluyen su investigación y procesan a los responsables, de ser comprobado el hecho, con todo el rigor de la ley”, dice un mensaje colgado en X (antigua Twitter) por Patricia Aguilera, encargada de Negocios del cuerpo diplomático norteamericano. (Ver El Nacional, 12 de abril, 2024).

Igual opinan el Movimiento no partidista Participación Ciudadana y otros núcleos de la sociedad. Lo preocupante es que los alegados autores sean funcionarios estatales. Por eso ha llamado tanto la atención mediática.

Cualquier menor de edad, sin importar la nacionalidad o clase social, está en situación de riesgo ante la voracidad sexual de algunos hombres que persisten en violar la intimidad de ese segmento poblacional, pese a las numerosas condenas dictadas por los jueces. Ellos, los menores, merecen protección legal.

Son muchas las mujeres que pasan por esa mala experiencia, pero no delatan a los responsables porque temen por su vida o no desean que nadie se entere de su tragedia. Igual destino están corriendo las adolescentes, niños y niñas, considerados como objetivos indefensos de los pervertidos sexuales.

El ataque contra la adolescente extranjera (que debe ser confirmado) se reporta justo cuando la República Dominicana está en la mira de organismos extranjeros por los supuestos maltratos y abusos de los derechos humanos en perjuicio de migrantes haitianos en momentos en que Haití atraviesa una situación de caos, violencia y crisis política.

No podemos permitir que la acción de La Altagracia quede en el ruedo de la impunidad, ni que se repita, porque estaríamos retroalimentando las despiadadas y malintencionadas acusaciones contra el país promovidas por algunos organismos foráneos, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), por las deportaciones de haitianos indocumentados.

Sin embargo, Amnistía Internacional no dice nada, ni se da por enterado, cuando esas repatriaciones las realizan otros países. Por ejemplo, del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, un total de 25.765 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití, según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desde Estados Unidos repatriaron al 79% de ellas, es decir, 20.309 personas, mientras Bahamas, Cuba, las Islas Turcas y Caicos, México y otras naciones retornaron al resto.

Según la fiscal titular de la provincia La Altagracia, Claudia Garrido, al caso le darán respuesta a la mayor brevedad posible, porque tienen un equipo de fiscales trabajando en el mismo. Así esperamos que ocurra.

Refirió el compromiso que tiene el Ministerio Público con la comunidad. Que están trabajando el mismo con toda la seriedad, la responsabilidad y la rigurosidad que este y todos los demás casos ameritan.

El Código Penal Dominicano establece sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes sean hallados culpables de violación sexual contra un o una menor de edad. Pero las agravantes podrían aumentar el castigo hasta los 20 años de reclusión. Una agravante tomada en cuenta es la condición de pariente en la persona que cometa el ilícito sexual, que en esta ocasión no aplica.

Esperamos que los responsables sean castigados. Hay que dar un ejemplo.